Juan E. Pflüger / 31
marzo, 2017
FUENTE: LA GACETA
Almería fue uno
de las ciudades que pasó toda la Guerra Civil en manos de las autoridades
republicanas del Frente Popular. Tras el fracaso del levantamiento que se
produjo el 21 de julio, con tres días de retraso sobre el resto del territorio,
lo que permitió a los milicianos de los partidos de izquierdas organizar una
defensa que consiguiera derrotar a los alzados. De inmediato, el Comité
Central, órgano de dirección de la ciudad y coordinador de la provincia que
estaba controlado por los partidos del Frente Popular, comenzó la labor de represión.
Durante los
primeros días se detuvo a centenares de personas relacionados con los partidos
de la derecha: CEDA, agrario, Falange, Carlista,.. y a todos los religiosos que
pudieran ser localizados en los pueblos y en la capital de la provincia. Frente
a la idea de que la represión fue espontánea y no organizada, lo que ocurrió en
Almería demuestra lo contrario: las sacas que se cometieron durante eran
supervisadas directamente por el socialista Eustaquio Cañas Espinosa,
Gobernador Civil de la provincia, quien, según los testigos, asistía a
estos actos previos a los asesinatos con “visibles muestras de regocijo”. Desde
todos los municipios y desde los centros políticos, todos los prisioneros
fueron trasladados a la Prisión Provincial que, en pocos días quedó saturada.
Para seguir recibiendo presos se habilitó como cárcel el convento de las
Adoratrices, incautado por los republicanos al comienzo de la guerra
Esta nueva
cárcel también quedó saturada y
se habilitaron
dos barcos mercantes, el Capitán Segarra y el Astoy Mendi, que habían estado destinados
al transporte de mineral y cuyas bodegas -habilitadas como celda para los
presos- contenía restos tóxicos y pólvo de mineral. Es espacio seguía siendo
insuficiente y se habilitó la cárcel del Ingeni, en la fábrica de azúcar
abandonada del barrio de Los Molinos.
Más adelante se
construirían algunos campos de concentración en municipios de la provincia
para albergar a los presos que se seguían deteniendo en los distintos
municipios. Se conoce la existencia de dos de estos campos, uno en el
municipio de Turón y otro en el de Murtas.
La causa general
recoge un listado en Almería de
691 asesinatos cometidos por la represión en la retaguardia a manos de las milicias de
los partidos del Frente Popular, armadas por el Gobierno republicano.
De toda la
represión en Almería, solamente el 2,5% de los casos fueron personas
condenadas a muerte por un tribunal popular. El
resto obedecía a la actuación de individuos al margen del sistema judicial, por
muy manipulado que este estuviera.
Durante el primer mes
de guerra los asesinatos se realizaron de manera aislada. Eran generalmente
cometidos por pequeños grupos de milicianos que aprovechaban el traslado de
algún preso desde un pueblo de la provincia hasta la capital para asesinarlo en
algún lugar del camino y dejar allí su cuerpo abandonado. Pero a partir
del 14 de agosto comenzaron las sacas y los asesinatos sistemáticos. En la
noche de aquel día, un grupo de milicianos accedió, con permiso de los
funcionarios y mostrando autorizaciones de diversas autoridades, al buque
prisión Capitán Segarra. Allí recogieron a 28 presos de una lista que llevaban
elaborada y fueron trasladados a la playa de la Garrofa, donde fueron
fusilados. En lugar de dar el tiro de gracia a sus víctimas, optaron por
atarlas a barcas de pescadores y adentrar los cuerpos mar adentro donde
cortaban las cuerdas que les sujetaban y allí los abandonaban. Muchos de los
cuerpos eran encontrados días después cuando llegaban a la costa, en la zona
conocida como el Zapillo. Aquella noche fueron asesinados solamente políticos:
eran los dirigentes locales de Falange, tradicionalistas y de Acción Popular.
Las sacas se
sucedieron en los días siguientes. El siguiente turno le toca a los presos del
otro buque prisión, el Astoy Mendi, y el
lugar elegido para su asesinato es el barranco del Chisme, en Vícar. En
este caso las víctimas son los obispos de Almería y Guadix, diez sacerdotes y
dos civiles.
En esta saca uno
de los civiles era el picador de
toros Juan Colomina que, mientras
están asesinando a los sacerdotes consigue escapar, con las manos atadas con
alambre, y esconderse de sus perseguidores. Dos días después es visto por una
mujer que, en lugar de socorrerle decide denunciarle ante el comité
revolucionario de la barriada de Casablanca que le apresa y acaba fusilándolo.
El 31 de agosto
otros 23 sacerdotes
son sacados del Astoy Mendi y llevados a los Pozos de Tabernas, a un lugar
llamado La Lagarta. Allí son
fusilados junto al brocal del pozo donde un individuo
con un palo largo los empuja para que caigan, todavía vivos. Después, sin haber
recibido el tiro de gracia, les lanzan palas de tierras para cubrir los
cuerpos.
En el Pozo de La
Lagarta seguirían llevando
víctimas de
sacas hasta colmar el hueco.
Momento en el
que se dejó de utilizar e intentó sellarse el acceso. Tenía una profundidad de
28 metros.
Como la zona en
la que estaba ese pozo era útil por su situación, buscaron otros pozos en la
zona y repitieron las
sacas hasta llenar los de La Contraviesa y Cantavieja.
Los mayores
tormentos se produjeron en los campos de concentración de Turón y Murtas.
Construídos con la guerra muy avanzada, empezaron a recibir presos a finales de
1937, pero la llegada de grandes contingentes se produjo en mayo de 1938 con
desplazados desde las cárceles de la capital. Para conmemorar la fiesta del 1º
de mayo de aquel año, el Gobernador Civil Eustaquio Cañas Espinosa le envió 300
presos al responsable del campo de Turón, que era un tal Galán, perteneciente
al 23 cuerpo del Ejército Rojo. Junto a los presos, el Gobernador Civil enviaba
una nota: “Ahí te mando
trescientos fascistas, cuando se te acaben, pide más”.
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